Sucre (Bolivia), 1 de abril de 2013 (AECID).- La cooperación entre España y Bolivia en materia de justicia marcó hoy un hito con la inauguración de unas jornadas pioneras destinadas a la creación de un árbol de jurisprudencia para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de este país.
Las Jornadas de Capacitación a la Unidad de Sistematización de Jurisprudencia, que durarán toda la semana, son fruto de la labor de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) dentro del programa de la Unión Europea para el fortalecimiento del sistema judicial boliviano, tal y como destacó en la inauguración del evento el presidente del TSJ de Bolivia, Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.
El pistoletazo oficial de este plan de capacitación en Sucre, sede del poder judicial boliviano, lo dio la experta jurista internacional, Edurne Uranga Mutuberria, quien ofreció la conferencia “Trascendencia e importancia de la Jurisprudencia en el Sistema Judicial” y se encargará en las próximas jornadas de compartir sus experiencias con magistrados, jueces y otros agentes judiciales bolivianos.
Uranga, letrada del Consejo General del Poder Judicial de España, destacó que la creación de un árbol jurisprudencial en Bolivia pretende potenciar “la transparencia y el servicio público”, sin olvidar la extensión del conocimiento de la jurisprudencia “a todos los jueces y a la ciudadanía”.
Citó como objetivos de este programa pionero el tratamiento homogéneo de las resoluciones judiciales, por medio de su análisis documental; la facilitación del conocimiento de la jurisprudencia en el marco de la Constitución y las leyes bolivianas, y la promoción del acceso a la información judicial con una misión “de servicio público”.
“Nos proponemos dar los pasos necesarios para la creación de una unidad de jurisprudencia en Bolivia, cuya principal meta es ofrecer la documentación jurídica permanentemente actualizada”, aseguró la magistrada.
Al frente de este ambicioso programa de la UE y organizado por la AECID de fortalecimiento de la independencia del sistema judicial boliviano, se encuentra la jurista de la Audiencia Nacional de España Ana Esther Sánchez García, en servicios especiales para cumplimentar este cometido.
“Es un programa de gran importancia por el momento puntual en el desarrollo histórico de Bolivia en el que se está realizando, con el nuevo cambio constitucional y el establecimiento de un sistema judicial con unos parámetros totalmente diferentes a los anteriores”, explicó Sánchez García.
Se trata, añadió, de cumplir las normas y estándares internacionales de derechos humanos, transparencia de las instituciones, acceso de la población a la justicia e independencia judicial, siempre, aseveró, en el marco de la Constitución de 2009.
La jurista recordó que “la cooperación en el ámbito de la justicia es fundamental”, pues incide en el ámbito de la seguridad jurídica y económica”.
La consecución de los objetivos de este programa de cooperación, agregó la jurista, “va a suponer la unificación de criterios del máximo órgano de justicia del país”.
La duración total del programa es de 18 meses, con un aporte 450.000 euros por parte de la Unión Europea.
Los destinatarios directos son los juristas del Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y la Escuela de Jueces, pero los destinatarios finales, como subraya el programa, son todos los usuarios del sistema de justicia del país y especialmente aquellos con mayor vulneración de sus derechos, como los colectivos indígenas y las mujeres.
AECID
