Sendos seminarios de Justicia celebrados en Sucre subrayan la necesidad de promover la carrera judicial y el respeto al Derecho Internacional de los Tratados.
INDEPENDENCIA, CAPACITACIÓN Y RESPETO, CLAVES PARA LA NUEVA JUSTICIA BOLIVIANA
Sucre, 6 de mayo de 2013 (AECID).- Jueces, magistrados y destacados juristas bolivianos y españoles apostaron hoy en Sucre por un poder judicial independiente, que pase por la adecuada formación de sus miembros, que sea ajeno a toda injerencia por parte del Estado y cuya única vinculación sea con la ley.
“Es el ciudadano el que demanda al Estado que le configure un poder judicial independiente”, sin el cual impera “la hegemonía del más fuerte”, afirmó, el magistrado del Tribunal Supremo de España Wenceslao Olea, uno de los expositores en estas jornadas.
Para este destacado jurista, tal independencia ha de forjarse “al mayor nivel de soberanía que existe, es decir, al nivel de la Constitución, que es el mayor germen de legitimidad democrática”.
Ésta fue una de las conclusiones adelantadas en la primera jornada de los foros auspiciados por la cooperación española y celebrados hoy en la capital boliviana de la justicia, destinados a impulsar, por una parte, la nueva carrera judicial en Bolivia y, por otra, a examinar el Derecho Internacional de los Tratados, su vigencia, sus cambios y sus conflictos con las legislaciones nacionales.
Los seminarios “Derecho Internacional de los Tratados” y “Principios Generales de la Carrera Judicial y Régimen Disciplinario” fueron organizados por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), la Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH-Bolivia) y el Tribunal Constitucional Plurinacional de este país, con financiación de la Unión Europea.
A los eventos y a su inauguración asistieron el presidente del Tribunal Constitucional de Bolivia, Ruddy Flores; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de este país, Gonzalo Hurtado; el embajador de España en La Paz, Ángel Vázquez, y el representante en Bolivia de la OACNUDH, Denis Racicot.
En uno de los foros, la presidenta del Consejo de la Magistratura de Bolivia, Cristina Mamani, agradeció los “conocimientos” aportados por los expertos internacionales “para construir una nueva carrera judicial” en Bolivia, “que realmente responda” a la realidad de este país, lanzado a la renovación de su sistema de justicia tras la aprobación de la Constitución de 2009.
Precisamente, estos seminarios forman parte del programa de “Fortalecimiento de la Independencia del Sistema Judicial en Bolivia” ejecutado por la AECID con ese dinero de la UE.
El embajador de España recalcó la importancia de la regulación del sistema de carrera judicial en Bolivia y apuntó a que este paso “constituye la base fundamental para el ejercicio de su función en condiciones tales que permitan promover y apoyar su independencia, y al tiempo exigir su responsabilidad”.
Para Vázquez, el desarrollo de un sistema de carrera judicial, que promueva “un objetivo sistema de ingreso, una adecuada capacitación y una especialización técnica de los magistrados como elementos fundamentales para garantizar la independencia” de su labor.
Según el representante de la OACNUDH, estos seminarios internacionales son precisamente “una clara muestra de la transformación actual que se está dando en la Justicia (en Bolivia) al debatir y analizar temas tan importantes y trascendentales”, que ayudan “a construir la institucionalidad” del órgano judicial boliviano, agregó Racicot.
En declaraciones realizadas en el marco de estos seminarios, el presidente del Tribunal Constitucional boliviano destacó la importancia de que la UE haya incluido la justicia “en los cánones de la cooperación” con Bolivia y subrayó en este ámbito unas relaciones de colaboración “de carácter horizontal”, que favorecen “un marco de mayor confianza que atiende a los intereses de ambas partes”.
“Creemos que la construcción de una nueva justicia constitucional demanda del esfuerzo de toda la sociedad boliviana, pero también del seguimiento de la cooperación internacional y la comunidad internacional en su conjunto, porque Bolivia no pretende únicamente ser receptora de la cooperación, sino que modelos y nuevas formas de administración de la Justicia puedan ser estudiados y analizados en los distintos países de la región latinoamericana”, dijo.
El objetivo, añadió, es que “esas experiencias permitan avanzar en una efectiva tutela de derechos fundamentales y en la observancia de las garantías constitucionales en el marco de un estado de derecho”.
Flores insistió en la importancia que tiene “el respeto” en el marco de las relaciones internacionales, incluido en el ámbito del derecho internacional de los tratados, el otro gran protagonista de los seminarios de hoy en Sucre.
“Ese respeto es un elemento que no sólo debe trascender las relaciones bilaterales, sino también a la labor de toda la comunidad internacional”, afirmó.
El presidente del Tribunal Constitucional quiso alejar los temores de algunos miembros de esa comunidad internacional a que Bolivia empiece a cuestionar todos los tratados internacionales suscritos por este país, tras algunas decisiones tomadas en los últimos tiempos.
“El Estado boliviano, en el marco de la responsabilidad internacional que tiene, va a cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, se abre también la posibilidad de revisar los tratados que vulneren la constitución política de ese Estado, con un periodo de cuatro años en una fase de renegociación y en el peor de los casos en una denuncia del tratado”, explicó.
No obstante, recordó que los mecanismos no son unilaterales y responderán a la naturaleza de esos mismos tratados.
“El Estado boliviano ha sido tradicionalmente respetuoso del derecho internacional y en ese marco va a desarrollar esa adecuación de la normativa internacional de la que es parte”, y por ello la comunidad internacional “no debería alertarse”, dijo.
Para Flores, se está hablando, simplemente, de “una verificación de los tratados de los que forma parte Bolivia”, labor que, añadió, no sólo la realiza Bolivia, “sino todos los estados”, y “no es una medida extraordinaria o que atente contra el derecho internacional”.
AECID
