Comienza en Sucre el foro internacional de justicia «Independencia judicial: Carrera Judicial y Carrera Fiscal»

AUTORIDADES JUDICIALES INTERNACIONALES APUESTAN POR UNA JUSTICIA MÁS HUMANA E INDEPENDIENTE

Sucre, 24 de junio de 2013 (AECID).- Magistrados, jueces y fiscales de Bolivia, España, Italia, Argentina, Chile y Ecuador inauguraron hoy un foro internacional sobre Justicia con una decidida apuesta por la independencia judicial como garante de los derechos de los ciudadanos y de la institucionalidad democrática, bajo la supremacía de la imparcialidad y la vinculación a la ley.

El foro “Independencia judicial: Carrera Judicial y Carrera Fiscal” que acoge desde hoy y hasta el miércoles el Parador Santa María la Real de Sucre, capital judicial de Bolivia, forma parte del programa “Fortalecimiento de la Independencia del Sistema Judicial boliviano”, financiado por la Unión Europea y desarrollado por la Agencia Española de Cooperación internacional al Desarrollo y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia.

A la inauguración del evento asistieron destacadas autoridades judiciales bolivianas, como la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, y la consejera Wilma Mamani; el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, Ruddy José Flores, y el del Tribunal Supremo de Justicia, Gonzalo Hurtado.

Entre los asistentes y ponentes internacionales estuvieron el presidente de la Audiencia Nacional de España, Ángel de Juanes;  el ministro de la Corte Suprema de Chile, Sergio Muñoz; el vocal de Relaciones Internacionales del Consejo General del Poder Judicial de España Miguel Carmona; la responsable de la Unidad de Relaciones Internacionales de la Fiscalía General española, Rosa Ana Morán: el fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Germán Garavano, o la vocal del Consejo de la Judicatura de Ecuador, Tania Arias Manzano.

“La justicia debe ser un tema de seres humanos” y para ello es preciso “construir una justicia humana y no una justicia de abogados”, explicó el presidente de la Comisión de Justicia y Constitución de la Cámara de Diputados de Bolivia, Héctor Arce, otro de los participantes destacados en esta cumbre judicial.

Para el que fuera ministro de Defensa Legal del Estado, “se requiere una justicia más rápida y efectiva”, capaz de garantizar la defensa de los intereses del Estado, los derechos de los ciudadanos, la institucionalidad democrática y el patrimonio nacional.

Como pilar fundamental de ese independencia, dijo Arce, es indispensable una carrera judicial consolidada, en la que se valore el conocimiento y se garantice la estabilidad del trabajo de los jueces.

Sobre este punto, el representante en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Denis Racicot, insistió en la necesidad de que se pueda contar con esa carrera judicial que garantice el ingreso y la permanencia en esta carrera “de los mejores jueces”.

“La independencia judicial es una condición necesaria para la existencia y vigencia de un Estado de Derecho, pero además un sistema judicial independiente es esencial para la protección de los derechos humanos, porque la independencia y la imparcialidad no deben ser concebidas como una prerrogativa en sí del Órgano Judicial y de los jueces que lo integran sino como un derecho que pertenece a todos los habitantes de un Estado”, explicó Racicot.

La presidenta del Consejo de la Magistratura de Bolivia indicó sobre las palabras de Arce que “la justicia debe ser imparcial, debe ser independiente y ahora nos toca a nosotros (los magistrados y jueces) garantizar que sea humana”.

“Creo que estamos en ese proceso de construir una nueva justicia con participación de los ciudadanos” y todos los miembros de la comunidad judicial “estamos en ese compromiso de cambiar las cosas”, agregó Cristina Mamani en el curso de la primera jornada de este foro.

La independencia judicial “no es una mera divisa. Por el contrario, posee un contenido específico y requiere de garantías formales”, refirió por su parte el embajador español en Bolivia, Ángel Vázquez.

“Asentar el principio de independencia y arbitrar los mecanismos que lo hagan posible es clave en el despliegue del Estado de Derecho boliviano”, afirmó Vázquez.

El jefe de la misión española en Bolivia subrayó en este sentido que la independencia de los jueces viene fundamentada por los principios de exclusividad, de imparcialidad y de vinculación de los jueces a la ley”.

“La independencia judicial es un principio básico para que se pueda hablar de justicia”, dijo el magistrado español Miguel Carmona, para quien esa independencia es también “un prerrequisito indispensable para que pueda haber imparcialidad”.

Al respecto, recordó que “la independencia proclamada como un derecho del ciudadano puede verse comprometida si el juez está sometido a presiones directas” y por ello debe estar garantizada “en la posición institucional del poder judicial”.

Sobre esta cuestión se manifestó también el presidente de la Audiencia Nacional de España, quien habló de los riesgos de los juicios paralelos, que pueden afectar “no a la independencia judicial, pero sí a la imparcialidad”.

“No puede haber verdadera justicia si no es independiente, pero tampoco si no es imparcial”, aseveró De Juanes.

El presidente del Tribunal Supremo de Bolivia resaltó, por su parte, que la independencia judicial responde a la “clara exigencia de la ciudadanía de la integridad de los jueces y magistrados”.

Es, añadió Hurtado, “una muestra de la madurez de los ciudadanos” y, por ello, el cuerpo de jueces y magistrados debe estar, ante todo, “comprometido con la Constitución”.

Hurtado aprovechó en sus palabras de inauguración del evento para agradecer a la cooperación internacional su apoyo en este proceso de consolidación de la independencia judicial en Bolivia.

Esta “cumbre” de la Justicia está enmarcada en el Programa de la Unión Europea “Fortalecimiento de la Independencia del Sistema Judicial en Bolivia”, que, ejecutado por la AECID y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, está dotado con 1,3 millones de euros y tiene una duración de 18 meses.

“Este foro es imprescindible en este preciso momento del proceso de cambio en Bolivia para la transformación y el futuro de la institucionalidad del órgano judicial en el Estado Plurinacional”, dijo al respecto Denis Racicot.

AECID