JURISTAS INTERNACIONALES ALERTAN CONTRA LA CRECIENTE IDENTIFICACIÓN DE LOS JUECES CON IDEOLOGÍAS Y PARTIDOS
Sucre, 25 de junio de 2013 (AECID).- Juristas internacionales alertaron hoy en Sucre sobre los intentos de un creciente número de medios políticos y de prensa de identificar a los jueces y magistrados con una inclinación ideológica o política determinada, lo que, señalaron, redunda muchas veces en la descalificación profesional de los miembros de la judicatura.
“Ahora no se destaca el perfil profesional de los jueces, sino su proximidad a tal o cual partido”, afirmó el presidente de la Audiencia Nacional de España, Ángel de Juanes, uno de los ponentes principales en el foro internacional de justicia que alberga esta semana la ciudad boliviana de Sucre.
El foro “Independencia judicial: Carrera Judicial y Carrera Fiscal” se celebra desde ayer y hasta mañana y en él están participando autoridades del mundo de la Justicia de Bolivia, España, Italia, Argentina, Ecuador y Chile.
Esta “cumbre de justicia”, como la han calificado algunos de los asistentes, es parte del programa de la Unión Europea “Fortalecimiento de la Independencia del Sistema Judicial en Bolivia”, que ha sido puesto en marcha por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH-Bolivia), con una dotación de 1,3 millones de euros y una duración de 18 meses.
“La opinión pública española quiere a los jueces lo más lejos posible de la política”, de ahí que cualquier tipo de identificación interesada de los mismos con partidos políticos e ideologías incremente en la ciudadanía un sentimiento de desconfianza en la Justicia, explicó De Juanes en su exposición de este martes.
El peligro real es que las lecturas interesadas que hacen determinados medios de información llevan a que ahora “no se destaca el perfil profesional de los jueces, sino su proximidad a tal o cual partido”, lo que lleva a pensar que las resoluciones judiciales “están condicionadas”, aseveró.
De Juanes hizo sus aportaciones en el debate vespertino de este foro sobre la conveniencia o no de que los jueces sean designados por elección popular, como ocurre con altos cargos de la judicatura en Bolivia.
En el caso de España subrayó que esa elección popular de los jueces “hoy no sería posible” y en caso de aplicarse “llevaría a una politización extrema de la judicatura”. Tal posibilidad “es inviable” en España, resaltó.
“Antes se decía que el juez debería estar comprometido con la sociedad, Hoy el juez ideal es aquel a quien no se puede escudriñar su ideología”, apuntó, para explicar a continuación que sólo por el hecho de que un magistrado lea un periódico de una u otra tendencia puede ser clasificado dentro de una ideología u otra.
De Juanes aludió también al llamado control social del sistema judicial, que, puntualizó, en España “se hace a través de la publicidad de los procesos”.
“Actualmente se practica el máximo de transparencia” en la profesión, a pesar de los muchos recelos iniciales de la Judicatura ante la prensa.
Hoy día, no es raro que los sumarios se filtren y aparezcan noticias sobre esos mismos sumarios. El riesgo es que se produzcan “los juicios paralelos”, que implican condenas previas por parte de la opinión pública antes de que se produzca un dictamen judicial.
“Existe un control social real, efectivo, intenso y a veces sobredimensionado”, destacó, aunque citó como elementos positivos que ese control haya llevado a medidas legislativas en aras de la transparencia, como las que afectan a las oposiciones públicas en la carrera judicial.
“Para posibilitar ese control social las entrevistas son públicas y pueden asistir los medios de comunicación . Si hay un aspirante que ha hecho mal una entrevista, se sabrá que ha hecho mal esa entrevista”, relató el magistrado.
Toda esta situación ayuda a que haya debate social, que aparece en los medios de comunicación, “porque las noticias judiciales interesan mucho en España”, dijo.
En todo caso, subrayó que esa publicidad “es una garantía para la sociedad”
En este sentido, la vocal del Consejo de la Judicatura de Ecuador, Tania Arias, defendió que “la participación ciudadana y el control social resultan elementos fundamentales” y por eso, en el caso de su país, han sido incorporados en la Constitución.
Así, refirió que en la última reforma constitucional de Ecuador se establecen cinco funciones fundamentales: las tradicionales legislativa, ejecutiva y judicial, más la función electoral y la de transparencia.
Citó entre los mecanismos de control social de su país las llamadas “vedurías”, los observatorios en los organismos de control de cuentas, el libre acceso a la información y la posibilidad de impugnaciones ciudadanas.
El fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Germán Garavano, respaldó la postura adelantada por De Juanes, e insistió en que también en Argentina “hay un interés cada vez mayor” de sectores de la prensa para “adjudicar tendencias políticas a los jueces”
Este proceso pernicioso se produce justo cuando también “hay mayores mecanismos de participación ciudadana en el sistema de la justicia”, observó.
El senador suplente boliviano Ignacio Mendoza señaló a este respecto que “la participación ciudadana es un garante de derechos ciudadanos frente a las instancias de poder” y remarcó en referencia a la elección popular en Bolivia de jueces que “esta experiencia es primigenia” y, por tanto, “hay algunos aspectos que pueden ser superados”.
AECID
