Coordinación de esfuerzos y una legislación firme, claves para el Derecho Medioambiental, dicen expertos.
La Paz, 20 de noviembre de 2013 (AECID).- La coordinación entre administraciones y fiscalías, la erradicación de la corrupción y la creación de un sistema legal adecuado son las claves para atajar los daños ambientales y sancionar a sus responsables, concluyeron hoy los expertos internacionales reunidos en el foro sobre Justicia ambiental celebrado esta semana en La Paz.
El Seminario internacional “Derecho Medioambiental” organizado por el Tribunal Agroambiental de Bolivia y la cooperación española terminó este miércoles, después de tres días de intercambio de experiencias, con un taller práctico en el que los especialistas españoles y bolivianos expusieron diversos delitos ecológicos ocurridos en sus países, junto a las medidas judiciales emprendidas contra este tipo de agresión medioambiental.
Los fiscales españoles que participan en el seminario recordaron los desastres ecológicos ocurridos en el parque nacional de Doñana, con el vertido tóxico de la mina de Aznalcóllar en 1998; la catástrofe natural ocurrida en la bahía de Portmán, por el vertido de la empresa Peñarroya, entre 1957 y 1987, o la contaminación producida en el entorno ecológico de las Tablas de Daimiel.
Los expertos bolivianos, entre ellos Paty Coana, magistrada del Tribunal Agroambiental, pusieron como ejemplo la contaminación minera del río Pilcomayo, en el sur del país, y en el lago Titicaca, en el norte.
“Los casos mineros son los más problemáticos, porque sus efectos son más impactantes”, explicó el fiscal jefe de la Fiscalía española de Medio Ambiente, Antonio Vercher.
Junto a este destacado jurista español han ofrecido también sus conocimientos en este seminario Santiago de Andrés, magistrado especialista Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y Germán Gutiérrez, fiscal de la Fiscalía de Medio Ambiente de España.
De Andrés recordó que en los delitos de urbanismo la corrupción viene muchas veces derivada de las decisiones de los alcaldes y ayuntamientos al decidir dónde se va a construir y el valor del terreno.
“Es una materia en la que tenemos mucho que avanzar todavía”, aseguró el magistrado.
Según dijo al respecto Vercher, “una construcción ilegal acaba deteriorando el medio ambiente” y “la especulación acaba siendo el detonante de esa corrupción”.
El fiscal Gutiérrez apuntó al respecto la necesidad de que fiscales, tribunales, instituciones públicas y otras administraciones estatales coordinen sus acciones para poder atajar esos delitos y dotar de mayor eficacia a la acción de la justicia medioambiental.
Por parte boliviana, asistieron al seminario magistrados y magistradas del Tribunal Agroambiental, jueces y juezas agroambientales, además de representantes de los Ministerios de Medio Ambiente, Justicia y Exteriores, así como diversas autoridades indígenas originarias campesinas
En la clausura del seminario, el presidente del Tribunal Agroambiental de Bolivia subrayó la importancia de este intercambio de experiencias y agradeció la organización del evento a la jurista española Ana Sánchez.
Esta jurista de la Audiencia Nacional de España es la directora del programa “Fortalecimiento de la independencia del sistema judicial de Bolivia” sufragado por la Unión Europea y puesto en marcha por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Oficina del Alto Comisariado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Bolivia
Sánchez agradeció la colaboración y la confianza en el desarrollo de estas actividades “que están siendo muy productivas”, dijo.
“Espero que éste sea el arranque de otras muchas actividades que puedan tener el mismo nivel y ser tan enriquecedoras”, agregó la experta española.
AECID
