25-29 de Noviembre de 2013
Introducción y objetivos:
La obligación de contar con mecanismos para atender, prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres ha permitido incidir de manera determinante en las agendas de los gobiernos.
El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación, ha sido consagrado y establecido como un desafío prioritario a nivel internacional. La promulgación de instrumentos internacionales de derechos humanos que protegen el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, refleja un consenso y reconocimiento por parte de los Estados sobre el trato discriminatorio tradicionalmente recibido por las mujeres en sus sociedades.
Así, en el ámbito de las Naciones Unidas, en el año de 1979, se adopta la Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y, dentro del Sistema Interamericano, en el año de 1994, se establece la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).
Sin embargo, -a pesar de la existencia de un marco jurídico internacional tendiente a proteger los derechos humanos de las mujeres- la violencia contra las mujeres persiste como una violación generalizada de los derechos humanos y uno de los obstáculos principales para lograr la igualdad de género. Esa violencia, en palabras del Secretaría General de las Naciones Unidas, es inaceptable, ya sea cometida por el Estado y sus agentes; por parientes o por extraños; en el ámbito público o privado; en tiempo de paz o en tiempos de conflicto. Mientras siga existiendo la violencia contra la mujer, no se puede afirmar que se han logrado progresos reales hacia la igualdad, el desarrollo y la paz.
Las experiencias dramáticas en la región americana muestran los retos pendientes del sistema jurídico; así como de los aparatos policiales y de persecución para prevenir, investigar y sancionar adecuada¬mente las desapariciones, violaciones, asesinatos y mutilaciones de cuerpos de mujeres.
Tal como ha observado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la mayoría de los países de la región existe un reconocimiento formal y jurídico de que “la violencia contra las mujeres constituye un desafío prioritario”. Y a pesar, del deber general para los Estados de promover la igualdad de jure y de facto entre las mujeres y los hombres, así como de los deberes de elaborar y aplicar efectivamente un marco de normas jurídicas y de políticas públicas para proteger y promover plenamente los derechos humanos de las mujeres, existe una gran brecha entre la incidencia y la gravedad del problema; así como, entre la calidad de la respuesta judicial ofrecida para atender la violencia contra las mujeres .
A pesar de haberse producido avances legislativos y estructurales significativos en favor de la protección de los derechos de la mujer, los Estados no aplican en ocasiones las medidas cautelares adoptadas en favor de las víctimas, no aseguran el cumplimiento de la ruta de atención e ignoran comportamientos negligentes en las investigaciones. Las instituciones competentes – Operadores de la Administración de Justicia, Instituciones Públicas, Fuerzas de Seguridad- deben contar con recursos para atender las demandas con calidad, eficacia e inmediatez. Esta situación beneficia la impunidad y va en perjuicio de la ruta de atención que las víctimas deben seguir para acceder al sistema de justicia. La vulnerabilidad de la víctima es todavía mayor cuando no cuenta con los recursos o la información necesarios para hacer un seguimiento y presionar para que las autoridades responsables cumplan con sus obligaciones legales. Por tanto, se estima que sigue siendo preciso promover modos de actuación en la esfera gubernamental, no gubernamental e intergubernamental en Latinoamérica a fin de superar los obstáculos de derecho y de procedimiento que impiden el acceso de la mujer a recursos judiciales y medios de protección eficaces.
El objetivo de este curso, por tercer año consecutivo, es dotar a los operadores del sistema de justicia de capacidades adecuadas para responder a las obligaciones que se derivan de la tipificación penal del feminicidio y la aplicación de mecanismos especializados para su investigación y sanción.
SEMINARIO SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO Y FEMICIDIO EN AMÉRICA LATINA
