Hotel Buganvillas, Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) 4-6 de diciembre 2013
Santa Cruz de la Sierra acoge la última reunión preparatoria de la XVII Cumbre Judicial Iberoamericana.
Santa Cruz de la Sierra, 3 de diciembre de 2013 (AECID).- Representantes judiciales de los países iberoamericanos participan a partir de mañana en esta ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra en la Segunda Reunión Preparatoria de la XVII Cumbre Judicial Iberoamericana, el foro de mayor rango que promueve la cooperación de los sistemas de justicia de esos 23 estados y su fortalecimiento.
La XVII Cumbre Judicial Iberoamericana se celebrará en Chile en 2014 y esta reunión de tres días en Santa Cruz, la segunda y última antes del encuentro chileno, tiene como objetivo fijar las declaraciones y trabajos que se abordarán el próximo año en esa Asamblea General de la Cumbre que acogerá el país vecino.
La Primera Reunión Preparatoria de esta cumbre judicial tuvo lugar en septiembre del año pasado en Guadalajara, México.
Dentro de su programa “Fortalecimiento de la independencia del sistema judicial en Bolivia”, la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) han contribuido con su asistencia técnica a la organización de esta segunda reunión preparatoria de la Cumbre Judicial Iberoamericana, coordinadas con el propio sistema judicial boliviano.
En el foro de Santa Cruz se presentarán los correspondientes informes de las comisiones y secretarías, y se abordarán cuestiones como la cooperación judicial internacional o el Protocolo Iberoamericano de acceso a la Justicia de Personas y Grupos en Condición de Vulnerabilidad con un especial enfoque de género.
Asimismo, está previsto que se toquen temas como la transparencia y la integridad judicial, la justicia medioambiental y que se examine el llamado Protocolo Iberoamericano para Garantizar la Independencia de las Resoluciones Judiciales a través de la Seguridad.
La anterior Cumbre Judicial Iberoamericana se celebró en abril de 2012 en Buenos Aires y en ella se acordó la creación de un instituto iberoamericano de altos estudios jurídicos con sede en Caracas, el impulso de una mayor capacitación de funcionarios judiciales en materia de ambiente y la modernización judicial en el ámbito tecnológico.
En esta reunión preparatoria de la XVII Cumbre Judicial Iberoamericana se examinará el avance conseguido en esas temáticas.
La Cumbre está integrada por Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
En su actual configuración, la Cumbre Judicial Iberoamericana es fruto de una evolución que arrancó en 1990 en Madrid, con la celebración de la I Cumbre de Presidentes de Cortes Supremas de Justicia de Iberoamérica, España y Portugal.
La actual Cumbre Judicial Iberoamericana es el resultado de la convergencia, a partir de 2004, de esa Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia y del llamado Encuentro Iberoamericano de Consejos de la Judicatura.
Esta fusión se plasmó tras las declaraciones de Copán-San Salvador, en las que se acordó formar una sola estructura en la que se unificaría la voz de las máximas instancias de los Poderes Judiciales de la región Iberoamericana.
Como resultado de esta evolución, la Cumbre Judicial Iberoamericana es ante todo una estructura de cooperación, concertación e intercambio de experiencias, que se articula a través de las máximas instancias de los Poderes Judiciales de la región Iberoamericana.
Tal y como señalan sus principios, el objetivo más destacado es la “adopción de proyectos y acciones concertadas, desde la convicción de que la existencia de un acervo cultural común constituye un instrumento privilegiado que, sin menoscabo del necesario respeto a la diferencia, contribuye al fortalecimiento del Poder Judicial y, por extensión, del sistema democrático”.
La Cumbre Judicial Iberoamericana cuenta con normas de funcionamiento interno y una Secretaría Permanente, actualmente desempeñada por el Consejo General del Poder Judicial del Reino de España.
Su función es coordinar y prestar asistencia a la Secretaría Pro-tempore, que recae en los países anfitriones de las sucesivas ediciones, encargados de la organización de los eventos.
Asimismo hay un Coordinador Nacional por país que asegura el contacto permanente entre la Institución y las dos Secretarías: la Secretaría Permanente y la Secretaría Pro-tempore.
