Juristas españoles consideran fundamental el derecho medioambiental y necesaria la independencia de sus fiscales.
La Paz, 19 de noviembre de 2013 (AECID).- Destacados juristas españoles participantes en el foro internacional de Justicia que se celebra esta semana en La Paz subrayaron hoy la necesidad de reconocer el derecho medioambiental como un derecho fundamental e insistieron en que se garantice la independencia de los fiscales en este ámbito respecto a los poderes económicos y políticos.
En la segunda jornada del seminario “Derecho Medioambiental” organizado por el Ministerio Agroambiental de Bolivia y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), expusieron los expertos españoles Antonio Vercher, fiscal jefe de la Fiscalía de Medioambiente de su país; Santiago de Andrés, magistrado especialista Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y Germán Gutiérrez, fiscal de la Fiscalía de Medio Ambiente de España.
El seminario forma parte del programa “Fortalecimiento de la independencia del sistema judicial de Bolivia”, realizado con fondos de la Unión Europea y puesto en marcha por la AECID y la Oficina del Alto Comisariado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Bolivia, a petición de las diversas instancias judiciales bolivianas, en este caso el Tribunal Agroambiental, y bajo la dirección de la jurista española Ana Sánchez.
“Los estados tienen miedo a reconocer el derecho medioambiental como un derecho fundamental”, y, en este sentido, Bolivia “ha dado un paso trascendental”, afirmó Antonio Vercher.
Para el fiscal jefe de la Fiscalía de Medioambiente de España, el derecho medioambiental se debería incluir “como derecho fundamental en la Constitución” a pesar de todas las dificultades que pudieran plantearse por la propia naturaleza de la materia que le compete.
El medio ambiente, explicó, “no es cuantificable” y es por ello que el derecho medioambiental en materia de daños “apuesta por el uso de la mejor tecnología” para evaluar en cada momento el daño real ocasionado, dijo hoy el fiscal.
Los tres juristas españoles insistieron en sus exposiciones en muchos aspectos técnicos y conceptuales del desarrollo de este derecho medioambiental, que afecta a delitos contra el medio ambiente, contra la ordenación del territorio y urbanismo, el patrimonio histórico, la protección de la flora y la fauna, o, por ejemplo, los incendios forestales.
Germán Gutiérrez relató en su conferencia, entre otras cuestiones, el carácter de las penas aplicables, tanto para personas jurídicas como físicas, y refirió las dificultades que aparecen en numerosas ocasiones para evaluar con objetividad esos delitos ambientales.
“Se trata de avanzar pasito a pasito. Hemos aprendido mucho también de las sentencias absolutorias, para saber qué es lo que faltaba en nuestra acusación para que se concretara en una condena”, agregó este fiscal de la Fiscalía española de Medio Ambiente.
Santiago de Andrés aludió a la regulación y concesiones de uso de terreno de dominio público, con la presentación del ejemplo de la legislación española y refiriendo casos concretos, como las condiciones planteadas en el derecho español para la concesión de licitaciones o para las expropiaciones.
“Es importante en cada concesión de dominio público especificar cuál es su régimen jurídico”, aseveró este magistrado especialista en lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Los tres juristas coincidieron en la necesidad de independencia para el ejercicio del derecho medioambiental, como una condición indispensable.
Según De Andrés, en España el ministerio fiscal, también en materia de medio ambiente, no depende
“de las veleidades del Gobierno”, pues, aunque “hay un principio de jerarquía”, existen “mecanismos para garantizar esa independencia”.
“Los principios de legalidad e imparcialidad son los que rigen en todo caso la actuación del Ministerio Fiscal” y esa imparcialidad “implica plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le están encomendados”, dijo el fiscal jefe Vercher.
Este jurista explicó los avances que se habían producido en España en lo que se refiere a la aplicación efectiva del derecho medioambiental desde que se constituyó la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo en 2006.
En ese año, se incoaron un total de 2.655 diligencias de investigación y se consiguieron unas 300 sentencias de condena. En 2012, hubo 799 sentencias de condena y 389 sentencias absolutorias.
Este seminario sobre “Derecho medioambiental” concluye mañana en la sede de la AECID en La Paz con una serie de talleres impartidos por estos expertos orientados a complementar la capacitación de jueces, magistrados y especialistas bolivianos, según el programa requerido por el Tribunal Agroambiental de este país.
