Magistrada Iberoamericanas piden el fin de los sesgos machistas y discrimadores en la administración de la Justicia
Cochabamba, 27 noviembre (AECID).- Las juristas participantes en el XIV Encuentro de Magistradas de Iberoamérica, en Cochabamba, subrayaron hoy que el acceso de la mujer a la justicia pasa por garantizar una defensa justa, un debido proceso que asegure la dignidad humana y una eliminación de los prejuicios arbitrarios y parciales que todavía tienen muchos jueces.
Esta ciudad del centro de Bolivia acoge desde ayer ese foro de magistradas iberoamericanas, que cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea y la organización de la Oficina del Alto Comisariado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia (OACNUDH) y la Fundación Justicia y Género del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD).
El encuentro de juristas de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Paraguay, Nicaragua y República Dominicana tiene también el apoyo de la Cooperación Suiza (COSUDE) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en el marco de sus programas de desarrollo y promoción de la independencia judicial y acceso a la justicia en Bolivia.
A esta segunda jornada asistió también la presidenta del Consejo de la Magistratura de Bolivia, Cristina Mamani.
El foro se celebra con la atención puesta en las recomendaciones del Comité Internacional de la Eliminación de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW)
Entre los temas abordados en esta jornada las magistradas denunciaron esa arbitrariedad que tienen muchas veces los jueces masculinos, que imponen sus consideraciones y apreciaciones personales al propio ordenamiento jurídico, y abogaron por la eliminación de este sesgo en la administración de justicia.
En este sentido, María Mercedes Bougermini, magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, expuso en el primer panel de la jornada las necesidades básicas para que se produzca ese acceso de las mujeres a la justicia sin menoscabo de sus derechos por un procesamiento erróneo.
El pilar de ese acceso está en el derecho a una defensa justa y a un debido proceso, público, que suponga “una garantía de la vigilancia efectiva de la dignidad del ser humano”, dijo la magistrada.
Un proceso debido, afirmó Bougermini, “asegura que todos los actos de poder sean justos” y para ello se precisa la existencia de un tribunal independiente y “la neutralidad del juez en relación con la decisión que debe emitir”.
Bougermini recordó que hoy en día es “muy real” que muchos miembros de la judicatura “consideran a las mujeres como personas altamente subjetivas” e incapaces de acceder al conocimiento “correcto” del argumento jurídico de los fallos, de ahí que prefieran explicar, por ejemplo, las consecuencias de una sentencia a su marido o a un allegado masculino.
El derecho procesal, que debería garantizar los derechos humanos, no representa en muchas ocasiones a las mujeres, y por ello “se impone una reformulación ya normativa, ya jurisprudencial o incluso orgánica”, agregó.
Otro gran eje es la presunción de inocencia, manifestó la magistrada paraguaya. En muchos casos, señaló, son las propias mujeres las que deben demostrar que no han cometido el hecho que se les atribuye o incluso del que son víctimas.
“Es necesario proteger los derechos de las víctimas”, afirmó al respecto la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Alba Luz Ramos.
Marina Marenco, miembro del Consejo de la Judicatura de El Salvador, refirió las reformas realizadas en el cuerpo legislativo en su país y los problemas surgidos en torno a la falta de protección de mujeres amenazadas por sus parejas o algún allegado.
Es determinante “la sensibilidad y el conocimiento que el juez pueda tener” de casos así, cuando el agresor ya ha dado pasos anteriores contra la víctima.
Para garantizar ese acceso de las mujeres a la justicia, Tania Arias, vocal del Consejo de la Judicatura de Ecuador, defendió la llamada “debida diligencia”, un principio “con fuerza jurídica” que debe aplicarse en la práctica de la administración de justicia y debe estar en todas las etapas y procesos en los que están involucrados los servidores judiciales.
“Es precisamente en los procesos que involucran derechos de las mujeres en donde más se debe respetar el principio de la debida diligencia”, insistió Arias.
Aunque internacionalmente se reconoce el derecho de las personas a acceder a los tribunales de manera “efectiva”, para ser amparadas contra cualquier vulneración de sus derechos fundamentales, se requiere también el deber del Estado para asegurar ese derecho con la “debida diligencia”, apuntó Arias.
La magistrada española Inmaculada Montalbán, vocal del Consejo General del Poder Judicial de su país, se refirió a la necesidad de que los jueces expliquen y ”exterioricen” las razones que llevan a adoptar una decisión, lo que permite superar el posible sustrato ideológico de quienes imparten justicia.
Según Montalbán, es muy difícil a veces distinguir los valores personales de los jueces, por eso “es preciso explicar los criterios” que llevan a tomar una decisión u otra, a fin de que “sea comprendida” por la sociedad o por el tribunal superior que pueda revisar la sentencia, aseveró.
Para la jurista paraguaya Silvia López Safi, la violencia contra las mujeres requiere “un análisis de género”, que revele “el impacto de estructuras interseccionales de opresión” como el racismo o la discriminación de clase.
Tales estructuras de opresión, añadió, especialmente “afectan a mujeres y niñas indígenas, afrodescendientes, lesbianas, adultas mayores y con discapacidad”, agregó.
Es preciso pues, reafirmó López, “explorar las causas estructurales de la violencia contra la mujer y exponer los sistemas de poder que las perpetúan”.
Rodrigo Jiménez, codirector del Programa Mujer, Justicia y Género del Ilanud, incidió sobre los sistemas de discriminación y resaltó la forma en que los derechos humanos sirven para limitar el poder.
Este defensor de los derechos humanos explicó cómo a la discriminación por razón de género se añaden aquellas determinadas por la discapacidad y la edad. Taes vulneraciones se pueden corregir con la autonomía evolutiva, la igualdad de oportunidades y el derecho de información, concluyó.
Está previsto que al finalizar mañana el foro iberoamericano de Cochabamba, las magistradas suscriban una Declaración para impulsar medidas que promuevan el acceso a la justicia de las mujeres en Iberoamérica.
La cooperación española colabora en la celebración de este evento dentro del programa de la Unión Europea “Fortalecimiento de la independencia del Sistema Judicial en Bolivia” llevado a cabo a lo largo de 2013 por la AECID y la OACNUDH, en una estrecha cooperación con las principales autoridades judiciales bolivianas.
AECID
