Hotel Buganvillas, Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) 4-6 de diciembre 2013
Los países iberoamericanos defienden un espacio común de Justicia en la región
Santa Cruz de la Sierra, 4 de diciembre de 2013 (AECID).- Juristas de 23 países iberoamericanos apostaron hoy, en el marco de la última reunión preparatoria de la XVII Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI), por un “espacio común de libertad, seguridad y justicia” para esta comunidad que incluye a los Estados latinoamericanos, España y Portugal.
La ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra acoge desde hoy y durante tres días la segunda y última reunión preparatoria de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que se celebrará en abril de 2014 en Santiago de Chile.
A la reunión acudieron representantes judiciales de los países miembros de la CJI: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Este foro inaugurado hoy en Santa Cruz de la Sierra tiene como objetivo fijar las declaraciones y trabajos que se abordarán el próximo año en esa Asamblea General de la Cumbre que acogerá el país vecino.
La Primera Reunión Preparatoria de esta XVII CJI tuvo lugar en septiembre del año pasado en Guadalajara, México.
El foro fue inaugurado por el presidente de la Secretaría Pro-Témpore de la Cumbre Judicial Iberoamericana y ministro de la Corte Suprema de Chile, Sergio Muñoz; el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados de Bolivia, Héctor Arce; el fiscal general de Bolivia, Ramiro Guerrero, y el presidente del Tribunal Supremo boliviano, Gonzalo Hurtado.
También presidieron la inauguración el representante de la Secretaría Permanente de la CJI y vocal presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Poder Judicial de España, Miguel Carmona; la presidenta del Consejo de la Magistratura de Bolivia, Cristina Mamani; y el magistrado boliviano Ricardo Soto, en representación del Tribunal Agroambiental del país anfitrión.
Al acto también acudieron el embajador de España en Bolivia, Ángel Vázquez; el responsable de la OACNUDH en Bolivia, Denise Racicot, y el consejero de la Delegación de la Unión Europea en La Paz, Juan Planas.
“Todos nos reconocemos como iguales” y sólo así “podremos construir una comunidad en la que impere la justicia”, afirmó Sergio Muñoz en sus palabras de apertura del evento.
El ministro de la Corte Suprema chilena definió a los juristas que participan en este proceso como “sujetos activos de integración” e “importantes agentes de cambio, con responsabilidad ante los ciudadanos” de esa comunidad iberoamericana.
“Hemos puesto a los ciudadanos en el centro de todas nuestras preocupaciones”, haciendo que la justicia “sea más humana” y otorgue seguridad jurídica a nuestras sociedades, dijo Muñoz al resumir los trabajos que se han venido realizando en la anterior reunión preparatoria y en los diversos talleres internacionales celebrados desde que se celebrara la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana en Buenos Aires, en 2012.
Tras ese compromiso con una justicia más eficiente y de calidad, más inclusiva y tolerante, “ya no es posible retroceder”, aseveró el jurista chileno
El magistrado español Miguel Carmona definió el objetivo que ha marcado los trabajos que concluirán en esta última reunión preparatoria antes de la CJI de Chile: que Iberoamérica sea “un espacio común de libertad, seguridad y justicia”.
Para ello, añadió, es necesario que los jueces sean “independientes”, que no estén “encerrados en si mismos”, sino que “su independencia esté orientada hacia la ciudadanía” y estén sujetos “a rigurosos principios éticos”.
Sólo de tal forma, agregó, se consigue una justicia “accesible, segura y tecnológicamente avanzada”, objetivo también de la labor de la Cumbre Judicial Iberoamericana
El lema de la CJI es “una justicia de futuro”, que sea accesible a todo el mundo, “abierta, transparente y blindada ante la corrupción”, refirió.
Tanto Héctor Arce como el presidente del Tribunal Supremo de Bolivia destacaron el proceso de “revolución” política, económica y cultural que está llevando a cabo este país y que se extiende a la renovación de su sistema judicial desde que se promulgó la Constitución Plurinacional de 2009, carta magna que, como subrayó Arce ha permitido a la población de este país ese “acceso universal y equitativo” a la Justicia.
Ahora, dijo por su parte Gonzalo Hurtado, la sociedad “debe sentir el logro del valor justicia”.
La Cumbre Judicial Iberoamericana es fruto de una evolución que arrancó en 1990, en Madrid, con la celebración de la I Cumbre de Presidentes de Cortes Supremas de Justicia de Iberoamérica, España y Portugal.
La actual Cumbre Judicial Iberoamericana es resultado de la convergencia, a partir de 2004, de la Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, y del llamado Encuentro Iberoamericano de Consejos de la Judicatura.
Con una sola estructura se apostó por unificar la voz de las máximas instancias de los Poderes Judiciales de la región Iberoamericana para crear ese espacio de cooperación, concertación e intercambio de experiencias, articulado a través de las máximas instancias de los Poderes Judiciales de la región Iberoamericana.
La Cumbre Judicial Iberoamericana cuenta con normas de funcionamiento interno y una Secretaría Permanente, actualmente desempeñada por el Consejo General del Poder Judicial del Reino de España.
Su función es coordinar y prestar asistencia a la Secretaría Pro-tempore, que recae en los países anfitriones de las sucesivas ediciones, encargados de la organización de los eventos.
Dentro de su programa “Fortalecimiento de la independencia del sistema judicial en Bolivia”, la Unión Europea, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Oficina del Alto Comisariado de la ONU para Derechos Humanos en Bolivia (OACNUDH) han contribuido con varias asistencias técnicas a la organización de esta segunda reunión de la CJI, coordinadas con el propio sistema judicial boliviano.
AECID