En América Latina, con 80% de la población viviendo en zonas urbanas, uno de los principales retos en el sector hídrico es el tratamiento de aguas residuales, ya que más del 70% de éstas son devueltas a la naturaleza sin tratamiento, impactando potencialmente en la salud pública, en la degradación de los recursos naturales y del medio ambiente, y en el sector productivo.
Esta situación puede ser el origen de enfermedades e influye negativamente en la calidad de vida de las personas, así como aumenta de manera considerable el gasto de los Estados en materia de salud y medioambiente. En concreto, el costo asociado a cuidados médicos y pérdidas de productividad supera por mucho la inversión necesaria para depuración. Adicionalmente, las fuentes de agua contaminadas requieren de procesos muy costosos de tratamiento para los distintos usos como riego, industria e incluso consumo humano.
Las principales razones para una baja cobertura en depuración han sido: i) la necesidad de priorizar la expansión de servicios de agua y alcantarillado; ii) los altos niveles de pobreza y desigualdad que han fomentado la atención de otras necesidades sociales urgentes;
iii) los altos costos de tratamiento y ausencia de economía de escala en los prestadores; iv) sistemas tarifarios que no cubren costos de prestación de servicios y subsidios sin focalizar; y v) excesos normativos y la aplicación laxa de los controles sobre la normativa vigente.
La situación ha empezado a cambiar y ha aumentado la atención de los gobiernos nacionales y locales hacia esta problemática motivados por los altos niveles de cobertura de agua potable y alcantarillado alcanzados en los últimos años, la situación financiera sólida de algunos prestadores, particularmente en las grandes ciudades, y la mejora de las condiciones socioeconómicas de la población latinoamericana.
De hecho, en los últimos años se han visto notables avances y CAF -Banco de Desarrollo de América Latina- ha sido un actor importante para la región. Un caso emblemático es el apoyo continuo que ha brindado al Programa de Saneamiento de Panamá, que viene impulsando una prestación planificada y técnica de los servicios de saneamiento en el área metropolitana y la bahía. Este programa incluye el diseño, construcción y operación de sistemas de alcantarillado y de tratamiento de aguas residuales, que beneficia a más de 1,5 millones de personas.
Para incrementar a nivel regional de 30% a 64% la cobertura de tratamiento de aguas residuales y alcanzar un 94% de cobertura en alcantarillado en 2030, CAF estima que la necesidad total de inversión hasta ese año es de unos USD 33.000 millones para infraestructura de tratamiento, y USD 79.000 millones para alcantarillado.
Otro aspecto relevante en este ámbito es el intercambio de conocimiento y experiencias entre los países. Este año, en cooperación con el CEDEX y la AECID, se realizó en Madrid la primera edición del Curso Iberoamericano sobre Tratamiento de Aguas Residuales y Explotación de Estaciones Depuradoras. El curso tuvo una orientación a la realidad latinoamericana en temáticas como el diseño, operación y explotación de las plantas, e incluyó discusiones en temas de política pública, normatividad y planificación del sector. Todos estos esfuerzos contribuyen a generar condiciones estructurales que mejoren la salud de la población, así como su calidad de vida y las condiciones de su entorno.
22 de diciembre de 2016
Autor por: Fernando Peñaherrera
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