Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas

Como señala el V Plan Director de la Cooperación Española (2018-2021), la construcción de la paz y la seguridad, el apoyo a instituciones sólidas que promuevan el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos son cuestiones íntimamente relacionadas para la promoción del desarrollo humano sostenible. Ello es muestra del compromiso de la Cooperación Española con los valores y principios de la Agenda 2030 y el ODS 16, que aboga por promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y todas, y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Contexto

En el ámbito de la gobernabilidad democrática, el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-2020 establece cinco metas y 31 resultados vinculados al Pilar 11 de la Agenda Patriótica 2025, sobre Soberanía y Transparencia en la Gestión Pública. Estas metas y resultados están orientadas a la consolidación del cambio democrático y al fortalecimiento del Estado para contar con una gestión pública que preste servicios orientados hacia “una justicia trasparente, ágil y con un entorno interno y externo seguro”.

Estas metas y resultados se encuentran en correlación con los objetivos y metas de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, cuyo Objetivo 16 está orientado a “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”.

Desde una perspectiva política, la consolidación normativa y práctica de la Constitución Política del Estado, a través del afianzamiento del estado de derecho, la democracia representativa, participativa, intercultural y paritaria, y el fortalecimiento de las capacidades del Estado y de su sistema electoral y judicial suponen objetivos y desafíos en el proyecto global del país y, por tanto, de la agenda política nacional y de la cooperación internacional.

Enfoque estratégico

La Cooperación Española cuenta con larga trayectoria y experiencia para contribuir al cumplimiento de las metas del ODS16 mediante el apoyo al desarrollo de políticas y marcos normativos; promoción del diálogo y articulación de actores; fortalecimiento de capacidades, y procesos de planificación estratégica y gestión de intervenciones.

El Marco de Asociación País entre Bolivia y España (MAP 2018-2021) es muestra del compromiso mutuo por contribuir a reducir todas las formas de violencia por razón de género, poner fin a la trata y tráfico de personas, especialmente de mujeres y niñas, promover el estado de derecho y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todas y todos, así como contribuir a que las instituciones sean más eficaces y transparentes y rindan cuentas. Y para ello cuenta con resultados orientados al cumplimiento de las metas y líneas de actuación definidas en la Agenda 2030 y su ODS 16.

La Estrategia está orientada a cumplir con los compromisos internacionales en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a promover los principios y valores de la cooperación de los socios europeos como son la democracia, la buena gobernanza, el pleno respeto de los derechos humanos y la igualdad de género.

La perspectiva de género es al mismo tiempo una prioridad transversal, y un ámbito de intervención específico en al acceso de mujeres a la justicia, a la protección de los derechos en contextos de violencia patriarcal, incluidos el acoso y la violencia política y la trata y tráfico con fines de explotación sexual, y al impulso a la participación política en el ámbito de la democracia paritaria.

Principales Resultados y Acciones

Los principales Resultados a los que quiere contribuir el conjunto de intervenciones de la Cooperación Española en Bolivia son los siguientes:

• La población accede a espacios de diálogo y participación en el ámbito de la democracia representativa, participativa, intercultural y paritaria.
• La población está amparada por un Marco Legal-institucional de justicia electoral, y democracia en las organizaciones políticas.
• Contribuir a la provisión de acceso igualitario a la justicia para todas y todos y a la consolidación de instituciones efectivas y transparentes en el sector de Justicia en Bolivia.
• Las mujeres víctimas de violencia de género (VVG) cuentan con un marco legal e institucional que protege efectivamente sus derechos.
• Contribuir a la lucha contra la trata de personas y violencia sexual comercial en Bolivia

Acciones en marcha:

La cartera actual de intervenciones se concreta en cuatro líneas de actuación con financiación bilateral directa y a través de ONGD, y una nueva operación de cooperación delegada.

La primera línea de trabajo está orientada al fortalecimiento e impulso de la democracia representativa, participativa, intercultural y paritaria y el apoyo a procesos electorales (1M€). La Cooperación Española, junto con otros socios europeos, han venido acompañando el proceso de reestructuración del Órgano Electoral Plurinacional OEP en sus ejes de reforma: Jurisdiccional, para fortalecer la efectividad y procedimientos de la administración de justicia electoral, y la regulación del ejercicio de la democracia interna en las organizaciones políticas; Democracia Intercultural y Paritaria, para fortalecer la participación de los pueblos indígenas y de las mujeres para superar brechas de exclusión, discriminación y desigualdad, e impulsar la democracia intercultural y paritaria; Procesos Electorales y Gestión Institucional, para garantizar las condiciones normativas, organizativas, operativas y tecnológicas para el cumplimiento de las competencias del OEP; y de Comunicación e Información. Y en los últimos procesos electorales de 2020 y 2021 se ha apoyado la iniciativa de observación ciudadana Observa Bolivia. Todo este trabajo se ha realizado a través de IDEA Internacional. En 2021 inicia el apoyo al proceso de fortalecimiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional en el marco del proceso de diálogo y reconciliación nacional, a través de IDEA Internacional (300.000 €).

Una segunda línea está enfocada a la mejora del acceso a la justicia y reforma del sistema, al impulso a la carrera judicial y fiscal, a la mejora de los modelos de gestión y a la lucha contra la violencia por razón de género. España ha venido acompañando en la última década distintos intentos de reforma del sistema de justicia junto con otros socios del grupo europeo y del sistema de naciones unidas. Existe el compromiso de continuar apoyando este proceso, y para ello recién está comenzando un programa de cooperación delegada en materia de acceso a la justicia por un monto de más de 2M€ con financiamiento de la UE y España. Este programa se trabaja con el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el Órgano Judicial y el Ministerio Público.

Desde el ámbito bilateral y en materia de lucha contra la violencia patriarcal España apoya la implementación de la Política Pública Integral por una vida digna de las mujeres (0,6M€) a través del Ministerio de Justicia, y la implementación de la política de protección social comunitaria para las mujeres en situación de violencia del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), con una financiación de 0,4M€. En este ámbito hay que destacar otras actuaciones a través de ONGD: Protección Integral contra la violencia de género en Trinidad (Psicólogos Sin Fronteras, 245.474 €) y Fortalecimiento de los sistemas de protección social para una respuesta integral a la violencia de género en Bolivia ante la Crisis COVID-19 (Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad Internacional, 400.000 €).

Por último, la línea de apoyo a la lucha contra la trata y tráfico con fines de explotación sexual de mujeres y niñas ha sido trabajada desde el Proyecto de “Apoyo europeo a las fuerzas especiales de lucha contra la droga en la aplicación de la ley”, como parte del “Programa de apoyo al Plan de Acción para implementar la Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico y la Reducción de los Cultivos Excedentarios de Coca” de la UE. El proyecto ha contado con una línea de trabajo en materia de trata y tráfico como delito conexo al narcotráfico, y ha sido cofinanciado por la UE y AECID, e implementado por FIIAPP (4M€).

En esta última línea hay que destacar el Convenio con la ONGD EDUCO para fortalecer los sistemas integrales de protección de niños, niñas y adolescentes ante la trata y tráfico con fines de explotación sexual comercial, contribuyendo al ejercicio de su derecho a una vida libre de violencia (2,5 M€), y varios proyectos con ONGD para la lucha contra la trata de niñas y adolescentes con fines de explotación sexual en Cochabamba, Santa Cruz y La Paz (Fundación de Solidaridad Amaranta, 259.558 €; Fundación Iberoamericana de Ciencias Sociales y de la Salud, 776.031 €).

Cuadro de Intervenciones activas: