La Mesa de Gobernabilidad Democrática de la Cooperación Española en Bolivia desarrolló el taller «La Consulta Previa y la Ley de Consulta: ¿Retos para la gobernabilidad?» generando un espacio de reflexión y diálogo. Este taller se convocó por decisión de los miembros de la mesa, ya que se pretende crear un espacio dinámico con el fin de analizar temáticas de interés relativas a la coyuntura política nacional.
El encuentro fue moderado por Manuel Canelas, investigador de Universidad Complutense de Madrid y se contó con las ponencias de Vilma Romero, Oficial de Derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Bolivia, y con Cristian Ferreyra, Responsable del Programa Industrias Extractivas de OXFAM Bolivia. Además, asistieron representantes de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo españolas y bolivianas.
En este taller se presentaron las claves sobre la Consulta Previa y la Ley de Consulta, y se analizó, como ejemplo, el caso actual del TIPNIS y sus repercusiones para la gobernabilidad en Bolivia. Asimismo, se expuso un caso de Consulta Previa de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) de Charagua e Isoso.
La Consulta Previa es un principio general de gobernanza y se puede definir como un mecanismo por el cual se establecen nuevos términos de relación entre el Estado y los Pueblos Indígenas.
En las consultas hay que velar por el cumplimiento de todos los principios establecidos, ya que son interdependientes. Entre los principios, y dentro de esta mesa de reflexión, se destacó la imprescindibilidad de que los pueblos indígenas dispongan de información contrastada y técnicamente independiente con el fin de que la consulta se desarrolle en igualdad, por lo que se entiende que la carencia de información vulnera uno de los principios básicos.
Igualmente, se resaltó la importancia de la integridad territorial de los pueblos indígenas, sus estructuras orgánicas y sus procesos de toma de decisiones a la hora de la consulta como de las negociaciones, y la obligación del Estado de realizar y financiar las consultas previas.
En relación a la existencia de una Ley de Consulta, se apuntó que no es necesaria para desarrollar una consulta pero disponer de un marco normativo puede convertirse en una herramienta útil, siempre que esté legitimada por los actores involucrados en la misma.
Como conclusiones de este taller de reflexión y diálogo se destacó que es necesaria la voluntad política para desarrollar las consultas, y es preciso instaurar confianza entre el Estado y los Pueblos Indígenas para que estas consultas se lleven a cabo de forma satisfactoria y según lo establecido en las normas internacionales y nacionales.
